- Alcalde de Calama junto a dirigentes sindicales de la educación anunciaron que llegarán hasta las últimas consecuencias para evitar el traspaso de la educación municipal al Mineduc.
Despidos, aumento del desempleo, una institucionalidad –predominantemente- administrativa en la que perdura el modelo de financiamiento vía subvención, el desconocimiento de los años de servicios de los trabajadores, son algunas consecuencias que las autoridades de Calama prevén que traerá la instalación del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Licancabur desde el 1 de marzo de 2022, al cual se oponen y solicitan que se concrete su prórroga. Situación que hoy la comuna enfrenta mediante la coordinación del alcalde Eliecer Chamorro con los sindicatos de profesores y funcionarios de la educación.
El alcalde de Calama dijo que este traspaso de la educación municipal al Ministerio de Educación no va en la línea de mejorar la educación y que, junto a los alcaldes de la Región de Antofagasta, están desacuerdo con su implementación, dado el costo social y desempleo que traería, lo que para el municipio sería inviable de abordar. Por ello, anunciaron que se encuentran en estado de alerta y desde la próxima habrá manifestaciones de las comunidades educativas.
“Nos declaramos en estado de alerta con lo que está sucediendo y, a través de las redes sociales, nuestros dirigentes tienen la libertad de acción de informar esta ley que es nefasta para la comunidad educativa, que no condice los rendimientos de la calidad de la educación, porque llevan cuatro años de implementación y la directora nacional dijo que los dos primeros años fueron un fracaso y a la fecha no tenemos resultados de medición si la calidad aumentó o no”, explicó el alcalde Eliecer Chamorro.
Humberto Arraya, director ejecutivo de Comdes, comentó que se reunió junto a Alejandra Greve, directora nacional de los Servicios Locales, cuya implementación, conocido como el traspaso, podría traer duros costos a nivel social.
“Hay situaciones donde ellos han perdido el horizonte prácticamente y en vez de trabajar por la calidad de la educación, estamos viendo un sistema administrativo de cómo instalar los servicios, pero no del hecho que pide la comunidad que es el mejoramiento de la calidad de la educación. Dos años que dijo la directora nacional que se perdieron solamente en instalar, luego dos años más de aprendizaje y, en estos momentos, cuatro años perdidos y quieren hacer lo mismo con nosotros. No se lo vamos a permitir”, dijo el director ejecutivo de Comdes
Por ello se seguirá trabajando con las comunidades educativas y las organizaciones sindicales de los establecimientos. “Creemos que más adelante van haber movilizaciones como lo hemos conversado con nuestros dirigentes de los sindicatos, porque no podemos permitir que se improvise, aunque ayer le molestó mucho a la directora lo que yo le dije que esto es una improvisación. Se nos dice que no, que están preparados para atender la educación pública, pero vemos que han tenido serias dificultades y no queremos correr esos riesgos ni menos para que nuestra población pague los costos sociales”, explicó Arraya.
Esta situación repercute con fuerza en Comdes, debido a los costos y compromisos que –de acuerdo a Arraya- dejó la anterior administración, por lo que no quieren llegar a la instancia de decirle a los trabajadores que no podrán pagarles su sueldo. Por ello se hoy la apuesta de Comdes va por la prórroga de la instalación del Servicio Local y concretar un apoyo ciudadano y parlamentario, sumado a las esperanzas puestas en el proceso de redacción de la nueva Carta Magna para el país.
Fernando Rivera, dirigente del sindicato de la Unidad Central de Comdes, manifestó que los funcionarios de la educación municipal serán los mas afectados por esta implementación. “Estamos hablando de unos despidos someramente de alrededor de 300, 400 personas que se irán sin ni siquiera tener la claridad de una indemnización correspondiente, al porque financieramente no hay una claridad respecto”, dijo el dirigente.
Por ello complementó con que “tenemos programada la próxima semana una movilización para sociabilizar esto a la comunidad y donde obviamente indicarle al poder central que estamos en desacuerdo con sus políticas de instalación de estos servicios locales en la comunidad de Calama”.
Patricia Calle, dirigenta del Sindicato de Profesores y Profesionales de la educación que reúne a 524 socios activos, comentó que la movilización se fortalecerá para que no ocurra el traspaso. “Atrás de cada funcionario hay una familia y no lo vamos a permitir, y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias: llegar a Santiago a hablar con el presidente de la república que el que va a tener que darnos la prórroga que estamos solicitando para nuestra educación aquí en Calama”.
